¿Qué hacemos con TVN? Nueva ley que la reforma ahora tiene ‘suma urgencia’ y es un desastre

La tele está revuelta. No solo es la renuncia de Vicente Sabatini a seguir en TVN (claro, después de removerlo de su cargo como jefe de programación); o la negativa de Sebastián Piñera a vender Chilevisión incluso si llega a la presidencia (cual Berlusconi). Ni siquiera es la llamada «parrilla flexible» que ha promovido Vasco Moulian en Canal 13, que tiene locos hasta a los operados de los nervios.

Hay más: quizás la revuelta más peligrosa es una que ocurre a un nivel mucho más silencioso. La razón se llama Ley de TVN, la misma que se tramita actualmente en el Congreso.

El mentado proyectito va de mal en peor. Si alguien lo recuerda, el 28 de octubre pasado, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) José Antonio Viera-Gallo remitió al parlamento un proyecto de ley para reformar TVN. (Curiosamente, el redactor de este proyecto es desconocido. Tan sólo SEGEGOB hizo una ronda de consultas informales, entre las cuales consideró a la Plataforma Audiovisual). Lo enviado al Congreso es, por decir lo menos, singular. Léanlo. Ahí dice que crece «la misión de la TV Pública», con el objeto expreso de incorporar a la industria audiovisual. Sin embargo, no establece claramente cómo se financia éste y otros nuevos objetivos.

El gran tema con TVN, como se sabe, es su obligación de «autofinanciamiento» y su exigido «pluralismo», de los cuales se ha discutido eternamente desde la implantación de la Ley de TVN anterior en 1992. Para ambos objetivos el proyecto propone una fórmulas bien curiosas, por no decir intrascendentes. En relación al autofinanciamiento, la ley no solo faculta sino que exige que el Canal postule a fondos concursables (o sea, los del Consejo Nacional de Televisión) para mejorar la calidad de su programación. (Digan todos conmigo: «Yaaaaa…»). En relación al pluralismo, propone una ampliación de 6 a 8 miembros del Directorio de TVN, sin especificar la naturaleza de los 2 nuevos asientos. Tal política resulta bastante incongruente en momentos en que, junto con el despido de Vicente Sabatini y Pablo Avila debido a los malos resultados económicos del canal, la ley de transparencia recién promulgada reveló que los directores de TVN están entre los funcionarios públicos mejor pagados del país… aún mejor que la propia Presidenta. (Nota mental: recuérdenme postular a esa pega en algún momento del año).

Respecto al tema de «diversidad cultural» como principio, uno de los que más tienen que ver con la programación de TVN, y uno de los más esperados por las audiencias, el proyecto de ley no lo toma en cuenta directamente (digamos, más allá de las palabras de buena crianza) aunque propone elevar la cuota de pantalla de contenido nacional a 60%. Qué decir de la regulación de la programación, o de los estándares de desempeño: se escuchan grillos.

La ley ha comenzado su tramitación. Y partió con una larga lista de personas que fue «llamada a declarar» ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que empezó el estudio del proyecto: ministros (Cortázar, Vidal, Viera-Gallo), expertos de televisión (como Lucas Sierra del CEP y Sergio Godoy de la Universidad Católica, que alguna vez fue profe mío), gente de los canales de la competencia (Patricio del Sol, del directorio de Canal 13), y del mismo TVN (Daniel Fernández, director ejecutivo; Mario Papi, presidente del actual director; dirigentes sindicales del canal; ¡Ricarte Soto!), además de Manuela Gumucio de Observatorio de Medios, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt (como ya habíamos avisado en este blog), y de parte de Plataforma Audiovisual, que reúne a todas las agrupaciones del mundo audiovisual local, a la siempre lista Tehani Staiger.

Los comentarios de cada uno son diversos y puede leerse un resumen de lo expuesto por algunos de ellos en un informe hace poco publicado en el sitio del Congreso. Su lectura es interesante: los nombres de Don Francisco, Raúl Ruiz, o programas como «La entrevista del domingo» y «La nueva belleza» aparecen por allí y por allá. Impresiona de la lectura de ese documento de 86 páginas (sí, lo leí), algunas consideraciones que podríamos resumir como lo siguiente:

– Que a los ministros les preocupa que TVN siga autofinanciándose, que ellos ven ahí la esencia de su problema (paradójico, porque el proyecto de ley que enviaron no se hace cargo del tema).

– Que la mayoría ataca la misión de «bien común» que se le exige a TVN por poco precisa, «gaseosa y ambigua» (Sierra), «escolástica, una idea progresista del siglo XI y XII, pero no del siglo XXI» (Jocelyn Holt), y que debe definirse con más claridad esa misión.

– Que la TV chilena es «como un mal sistema de Windows, lleno de parches» (Soto).

– Que para el directorio de TVN, el canal está super bien como está, tanto en su gestión (que encuentran «exitosa») como en su financiamiento. «TVN es una empresa privada» dice Mario Papi, una declaración por cierto inquietante. Tan inquietante como cuando Papi se declara en contra de eso de «promover los derechos de los pueblos originarios» porque «le gustaría saber si los mapuches se consideran originarios, toda vez que fue un pueblo que llegó a actuar sobre los que ya existían» (no estoy inventando esto: lo dijo). Y se declara en contra de casi todo: de que aumente el número de directores de TVN, o que tengan influencia en la gestión del canal; de que los obliguen a postular a los fondos públicos («podría ser muy gravoso», dice, o sea sale muy caro postular…); de exhibir gratuitamente campañas de bien público («se debe cobrar [por esos avisos] a precio de mercado»), y hasta de rendir cuentas al Senado.

– Que los representantes de Libertad y Desarrollo y del CEP, por principios, se declaran en contra de la existencia de un canal de TV del Estado, por sus «negativas consecuencias económicas, políticas y sociales», y que su autonomía económica actual garantiza su autonomía de los gobiernos de turno. Lucas Sierra agrega que se podría aprovechar la oportunidad de esto de la TV digital para «privatizar razonablemente Televisión Nacional», y no le parece mala idea incluso pasarsela a un grupo económico extranjero. De hecho, lo encuentra «muy positivo». Sostiene Sierra:

Los medios de comunicación en manos de extranjeros constituyen una cuestión muy positiva de la democracia, sobre todo, en sociedades todavía endogámicas como la chilena, donde las presiones, censuras y autocensuras no se producen formalmente, sino que informalmente, por ejemplo, en la misma playa, en el mismo club o a la salida del mismo templo. La propiedad de los medios de comunicación en manos extranjeras es muy positiva, pues están más lejos de esas redes.

– Que, según mi ex profe Sergio Godoy, no es para nada una mala idea aumentar fuertemente los fondos del CNTV como una manera de que sean atractivos para el sistema televisivo actual, y para evitar la manipulación comercial en la que cae toda la televisión. (Efectivamente, mala idea no es).

Los de Plataforma Audiovisual, por su lado, pidieron asegurar un representante sectorial dentro del Directorio TVN (aunque la petición la hicieron antes de que se supiera cuánto ganaban, jeje), y por sobre todo, aumentar el poder de este carísimo Directorio: permitirles autónomamente decidir en qué gastar las utilidades del canal e incluso contratar créditos, sin pedirle permiso al Ministro de Hacienda. En relación a la cuota de pantalla, Plataforma Audiovisual propuso retomar la propuesta de la abortada «comisión de TV pública» de generar una Señal 2 para por fin darle ventana a los contenidos independientes, y por tanto pedir 50% señal actual y 50% Señal 2 para contenidos nacionales producidos fuera del canal.

De la lectura de todas esas opiniones uno se queda con la impresión de que hay mucha divergencia todavía respecto a qué hacer con TVN, lo que llama a aumentar este debate. En ese sentido, el Ejecutivo el 15 de enero pasado retiró la urgencia del proyecto de ley. Sin embargo, rápidamente alguien se arrepintió y, repitiendo la tendencia histórica de apurar la Ley de Televisión tal como ocurrió en 1970 y 1989 (justo ante la posiblidad de un giro en la elección presidencial), el Ejecutivo bruscamente restituyó urgencia simple (3 de marzo) y luego subió a suma urgencia (el 31 de marzo, reiterada el 8 de abril, y nuevamente esta semana, el 28 de abril), como una manera de presionar por la aprobación de una ley en la que nadie parece ponerse de acuerdo.

Por si fuera poco, la Comisión CyT de los diputados sacó sus conclusiones de esta conversación con los expertos, reformó el proyecto de ley el 17 de abril para pasarlo a votación de sala… pero parece que no escucharon nada de lo que todas esas honorables personas fueron a decirles. Sorpresivamente (o quizás no tan sorpresivamente), los diputados mandaron un proyecto de ley que propone:

– Que el nuevo Directorio contemple a un ex rector de universidad regional perteneciente al Consejo de Rectores, a un ex ejecutivo de alguna empresa en servicios audiovisuales, y a un premio nacional de ciencias o artes, lo que podría interpretarse como un avance en relación a la diversidad, pero que…

– Mantiene la propuesta de que el canal público financie sus nuevos objetivos sólo a través de fondos concursables (o sea desde el CNTV), bloqueando financiamiento directo y conservando la tutela del Ministro de Hacienda, a pesar de que la empresa es autónoma.

Un golpe de taquito es lo relativo a la cuota de pantalla: en relación a la Señal 2, el diputado PS Rául Sunico de Talcahuano tuvo la genial ocurriencia de que Televisión Nacional de Chile, dentro del espectro correspondiente a su concesión de televisión digital terrestre, exhiba ¡el Canal del Congreso! (eso sí que es ego descontrolado). ¿Qué tal? Los demás diputados aceptaron la idea, aunque con votación dividida.

No sé si yo soy el tonto, pero no se entiende nada. Y lo peor, con ese nivel de urgencia, es bien probable que se apure una ley que no sirva absolutamente para nada.