Esta semana el Fondo de Fomento Audiovisual volvió a las páginas de los diarios, pero no en las secciones de cultura, sino que en Nacional. Elena Varela, profesora de música de la comuna de Panguipulli, licenciada de la Universidad de Chile y con estudios de cine en la Universidad Arcis, es detenida junto a otras cinco personas en un operativo conjunto realizado por las policías de investigaciones de la IX y VI Región. Los cargos son asociación ilícita y robo con homicidio. Las imputaciones hacen referencias a dos atracos: uno a una sucursal del INP en Machalí, en junio de 2005, en el que fallecieron cuatro personas (dos asaltantes, un guardia y un cuidador de autos con deficiencia mental), y otro asalto a una sucursal de Banco Estado en Loncoche en diciembre de 2004. A eso se agrega, según La Tercera de este domingo, un ataque explosivo a un oleoducto de la Enap en la VIII región que significó el derrame de 20 mil litros de petróleo diesel y otros cuatro asaltos a otra sucursal del INP en Galvarino, en octubre de 2003, y hasta un ataque explosivo al consulado de Brasil en Santiago en marzo de 2004.
Los detenidos son eso, detenidos. El fiscal de la VI región les abrió proceso. Un proceso judicial que determinará las responsabilidades de ella y los demás formalizados en estos delitos. De momento, a pesar de lo que parezca en lo que se ve en la prensa, no son culpable hasta que un tribunal lo determine. (Demás está decir que el conflicto mapuche requiere de una revisión mucho más profunda de la que hago yo acá: se trata de un conflicto sobre la legitimidad de una demanda que hasta el momento no ha querido ser reconocida por el gobierno como el problema político que es, y han tomado palco ante el asunto aplicando a destajo la Ley Antiterrorista, lo que no soluciona el problema, solo lo complica).
Pero el año pasado, Elena Varela cometió un delito más grave. Se ganó un Fondart. Mejor dicho, un Fondo de Fomento Audiovisual para la realización de un documental llamado «Newen Mapu Che».
Los medios de inmediato hicieron la conexión: ¿cómo es posible que una supuesta «terrorista» se gane fondos del Estado para hacer una película? La respuesta del gobierno fue apurada y algo patética. La Presidenta primero dijo algo así como «de veras, eso no debería pasar», y más tarde el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, hizo declaraciones más patéticas todavía. «Habría que exigir que cada postulante al Fondart presente su papel de antecedentes, es la única forma de evitar situaciones como la ocurrida con los ex miristas», dijo Francisco Vidal. Como si los postulantes al Fondart y al FFA ya no presentaran suficientes papeles, digo yo. Luego, el subsecretario Arturo Barrios tuvo que entrar a desmentir lo dicho por sus jefes.
Este domingo, Ivan Moreira de la UDI pidió la renuncia de la ministra Paulina Urrutia.
Y quizás sigan así por el resto de la semana.
Pero hay un elemento de pura lógica que nadie parece recordar: ¿cómo podían saber los evaluadores y jurados del FFA que Elena Varela tenía, supuestamente, vínculos con estos delitos si ni siquiera los detectives que siguen el caso lo sabían o, por lo menos, no habían dado una orden de captura? Elena Varela, al momento de obtener el FFA, no era una prófuga de la justicia ni tenía antecedentes relevantes para inferir los cargos que ahora le imputaron. ¿Qué culpa podría tener un jurado artístico de premiar a alguien que en su pasado, supuestamente de nuevo, tiene un prontuario? Si le hubieran pedido el papel de antecedentes a Varela, por cierto, no habría aparecido nada de esto y perfectamente pudo haber ganado el premio. (Aunque es probable que otro ganador del FFA 2008, como Miguel Littin, quizás se hubiera visto en problemas si alguien del FFA hubiera chequeado las denuncias de no pago de sueldos por una película en la Patagonia, denuncias que aparecieron extensamente en la prensa hace unos años).
Pero, claro, hacer este razonamiento lógico no vende diarios ni arma escándalos políticos. Ignorarlo sí.
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Ahora, para ser abogado del diablo, la UDI tiene un punto. ¿Cómo demuestra la institucionalidad cultural que la entrega de los premios del FFA es por mérito artístico y no por un favor político? Actualmente, no puede hacerlo. La política de asignación de Fondos de FFA establece que el jurado es soberano en sus decisiones, y la política está basada no en criterios sino en una política de primo inter pares. El Estado le dice al sector audiovisual algo así como: «Miren, si quieren hacer películas, acá tienen la plata, premiense entre ustedes; nosotros no tenemos nada que ver». Y eso es lo que van a decir esta semana: van a decir que quien entregó la plata no fue el Estado, sino que un jurado de artistas. Y esa política les calza perfecto a la institucionalidad para situaciones como esta; les permite lavarse las manos frente a una decisión polémica.
Esa política establece que la mejor política cultural es no tener política cultural, sino que jurados. Jurados que llegan al FFA y no tienen idea bajo qué criterios deben ser premiadas las obras evaluadas, más allá de su exquisito gusto personal. Ya lo he dicho antes en este blog: no existe una definición de parte del Estado de un criterio cultural que se haga cargo de las múltiples variables que existen al momento de evaluar una propuesta artística (operas primas/ realizadores con experiencia; cine comercial/propuestas artísticas más arriesgadas; creación de audiencias locales/internacionalización, etc). Más bien, cada año los jurados tratan de premiar «lo que ellos creen» es lo mejorcito de los proyectos que llegaron ese año. Y como los jurados cambian todos los años, eso explica la paradoja que un proyecto no sea un premiado una vez, y al año siguiente, sin haberle cambiado una coma, ese mismo proyecto es premiado con el máximo puntaje, como ocurrió con «Huacho» de Alejandro Fernández.
El FFA sigue siendo una lotería, y lo que es peor, la autoridad no tiene ningún apuro en revertir esa lotería. ¿Se acuerdan de la Convención Audiovisual de enero de 2007? Ahí existió una reunión amplia en que multiples miembros del sector audiovisual se juntaron a reflexionar y presentar propuestas sobre las políticas del audiovisual que deberían desarrollarse en los próximos años. Fue un gran brainstorming. Lo que venía fue un compromiso que hizo la autoridad para traducir esas conclusiones en un marco de acción para que el Consejo del Audiovisual tuviera las herramientas para establecer esas (u otras) políticas. Entre ellas, políticas y criterios para el FFA.
Pero ese proceso está detenido con promesas rotas. Yo fui testigo directo el año pasado cuando Carola Leiva, secretaria ejecutiva del Consejo del Audiovisual, en una mesa en el Festival de Valdivia el año pasado, dijo que esa «respuesta» del Consejo estaría lista a fines del 2007. Estamos a mayo del 2008, y aún no pasa nada.
Así se previene que la entrega de un FFA se le transforme al gobierno en un (otro) problema político: cumpliendo lo que promete. No pidiendo más papeles en el próximo concurso. Está demasiado claro lo que hay que hacer: ahora solo basta hacerlo.
Entonces, esta semana, cuando la UDI aparezca con sus declamaciones de que caigan funcionarios para-que-la-gente-crea-que-estamos-haciendo-nuestro-trabajo, bueno, esta vez habrá poco margen para una defensa institucional del FFA. Pero no porque el Consejo del Audiovisual y el FFA sean ilegítimos; no lo son. Si no porque, en particular el FFA, no está basado en criterios de Estado, sino que en la conveniente elección de jurados que -erráticamente, sin una guía de lo que debe ser su labor- hacen y deshacen todos los años en el fondo.
Me carga decir «lo dije», pero lo dije.
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ADDENDUM / LUN 12 MAY 2008 / 21:15 HRS: Este es el trailer de «Newen Mapu Che», disponible en You Tube.
Según apareció en una nota de La Nación de hoy, la mayoría de las cintas fueron incautadas por la policía.
A juicio del director de arte de la producción audiovisual, Marcelo Quintrileo, la situación que enfrenta la cineasta obedece a una intención de «querer parar» las filmaciones por las presuntas revelaciones respecto de abusos contra las comunidades mapuches de la IX Región.
«Desde hacía meses que se sentían ecos en nuestros celulares, lo que evidencia que están intervenidos. Sufrimos seguimientos personales, lo que se ha transformado en una conducta habitual en la zona, esto se vio acrecentado tras la muerte de Matías Catrileo. Sabíamos que en algún momento nos iban a tratar de boicotear, por la creciente persecución contra las comunidades, pero la detención de Elena superó todas nuestras sospechas», dijo Quintrileo.
Quintrileo indicó que cuando la cineasta fue detenida, él se encontraba en su domicilio de Lican-Ray. Asimismo, reveló que fue retenido todo el día miércoles pasado, sin que se le explicaran los motivos.
«Podemos entender que haya una investigación, pero lo que no puedo entender es que se llevaran todas las filmaciones. Ese día nadie me informó nada. No me dejaron conversar. No pude llamar a un abogado ni a nadie», dijo Quintrileo.
Asimismo, otros miembros del equipo realizador aseguraron que se puede revisar el guión del documental como prueba de que el material incautado, como ropa militar, son objetos de utilería, para ejecutar las recreaciones previstas.
Aunque más adelante, dice según el fiscal Servando Pérez, que sigue el caso…
Elena Varela participó en la planificación del atraco, en el traslado de armas y en la ocultación de los ejecutores.
Pero más interesante todavía es un dato que deslizó ayer el subsecretario Arturo Barrios, cuando dijo que ya habían recibido la primera rendición del FFA de «Newen Mapu Che», antes de que ocurriera la detención:
De aquí a 20 días tenemos que revisar la segunda rendición de cuentas del proyecto todo aprobado y verificado por Contraloría . Si está al 100%, entregaremos la segunda porción de los recursos.
Es decir, de acá a 20 días, podría darse la paradoja de que si la rendición está bien hecha, se le haga el pago de la segunda cuota (al parecer, unos 18 millones) a la productora de Elena Varela, cuando quizás ella todavía esté en detenida.
Me gustaría ver ese cheque…